PQ Digital.- La Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces) ha denunciado la “confusa y errática” política energética española y sus “equívocas prioridades”, tras la que ellos consideran “incomprensible oposición” de España a la Directiva de Eficiencia Energética.
Según indican desde la asociación, “un país como España, con un grado de dependencia energética del 80%, no se puede permitir el lujo de oponerse a las iniciativas tendentes a reducir el consumo, la demanda y la factura energética, tal y como acaba de hacer el Gobierno ante la aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética por el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea (UE), después de su debate en el Parlamento Europeo.
Para Adeces, la prioridad de cualquier Gobierno consciente de la realidad energética debe ser impulsar el ahorro energético por varios motivos: el alto volumen de las importaciones de hidrocarburos, el alto coste de los productos, los efectos en la economía y en la competitividad, el elevado nivel de dependencia energética (30 puntos por encima de la UE) y el carácter limitado de las reservas de petróleo.
En opinión de Adeces, “no es posible trabajar con una visión cortoplacista en este asunto, pensando que los deberes están hechos o que las próximas explotaciones en Canarias (aún con buenos resultados) eximen al Gobierno de definir una estrategia energética coherente y de desarrollar políticas tendentes a su cumplimiento”. Asimismo, opinan que reducir la dependencia por la vía de la mejora de la producción propia de productos petrolíferos es coyuntural, pero reducir el consumo, independientemente de las fuentes de energía o del país del que provengan los productos, es un elemento esencial de la estrategia energética.
La Directiva de Eficiencia Energética, aprobada a pesar de la oposición de España, tiene como objetivo reducir las importaciones energéticas de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, para lo cual promueve el uso de las siguientes herramientas: definir una Estrategia Nacional de Rehabilitación de todo el parque de edificios, públicos y privados, al objeto de movilizar las inversiones adecuadas; crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que facilite la financiación de los proyectos de ahorro energético; elaborar un Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética que especifique objetivos de ahorro, actuaciones, inversiones, examinando la adecuación de las normas y, en su caso modificándolas, para conseguir los objetivos de ahorro perseguidos.
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