El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) ha convocado la jornada semipresencial “Planes de Acción Climática para Empresas Españolas: Mejores Prácticas Corporativas y Financieras”, organizada por Climate Strategy & Partners y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en colaboración con el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) y Vivid Economics.
El objetivo de la misma ha sido difundir entre los miembros del Senado de España la necesidad de adoptar planes de acción climática por parte de las empresas españolas para impulsar la descarbonización de la economía conforme con las metas del país.
La jornada se celebró en el contexto del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que se encuentra en tramitación parlamentaria y se prevé que llegue al Senado en abril.
Los ponentes -expertos y profesionales provenientes de diferentes ámbitos y sectores económicos vinculados a la sostenibilidad- resaltaron la importancia de requerir mediante la LCCTE planes de acción climática para todas las empresas españolas.
La directora del CEPC, Yolanda Gómez Sánchez, abrió la jornada haciendo hincapié en la actual relevancia que tienen los asuntos de sostenibilidad “por razones jurídicas, políticas y sociales”. Posteriormente, Miriam Zaítegui, directora del Programa de España de la European Climate Foundation, hizo una referencia directa a la oportunidad que la LCCTE da a España para guiar a las empresas en “la adopción de planes de acción climática” y así “alinear los intereses públicos y privados”.
Por su parte,Carlos Bravo Villa, fundador de Salvia, Energía, Derecho y Medio Ambiente y moderador de la jornada, finalizó la inauguración recalcando el muy importante rol del Senado en “incluir en la LCCTE la necesidad de que las empresas públicas y privadas realicen planes de acción climática”.
Introdujo el tema central de esta jornada Peter Sweatman, director general de
Climate Strategy & Partners, ofreciendo a los asistentes una visión global acerca de las mejores prácticas para la adopción de planes de acción climática, las tendencias regulatorias y de mercado que hacen necesario estos planes en las empresas.Y, por tanto, la gran oportunidad que tiene España de requerir estos planes mediante la LCCTE.
La siguiente presentación de Gonzalo Sáenz de Miera, vicepresidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), secundó las palabras de Sweatman al exponer el apoyo que las empresas españolas miembros del Grupo dan a la recuperación “verde”, en especial mediante la adopción de planes de acción climática sectoriales.
El GECV, compuesto por más de 50 empresas que abarcan gran parte del IBEX 35 así como un conjunto de PYMES innovadoras, apuesta por los proyectos y soluciones verdes como dinamizadores de la economía, y tiene una intensa participación en el debate de políticas climáticas y la recuperación verde tanto en España como a nivel europeo.
Sáenz de Miera dejó claro que “la descarbonización de la economía es una fuente de oportunidades para modernizar la industria y generar empleo”. También para elevar la competitividad de España en el ámbito internacional: “ya no hay que sacrificar competitividad por lo verde: si España no aprovecha esta oportunidad lo van a aprovechar otros países”, afirmó.
La directora del IIDMA, Ana Barreira, dirigió el enfoque de la jornada hacia el sistema financiero y el “rol fundamental que tiene la banca para el desarrollo de actividades empresariales sostenibles”. Basándose en un reciente informe del IIDMA, su directora expuso las políticas ambientales, sectoriales y de divulgación de la banca y demostró que, a pesar de los compromisos climáticos adoptados por la banca en los últimos años, es necesario introducir mejoras para reducir las emisiones asociadas a sus actividades de financiación.
Entre estas trayectorias, Barreira recomendó que los bancos adopten políticas más restrictivas a la financiación de combustibles fósiles acordes con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 y elaboren sus Estados de Información No Financiera siguiendo las buenas prácticas en divulgación establecidas por iniciativas globales.
“Las empresas públicas comparten responsabilidad en el combate del cambio climático. Son parte del problema pero también de la solución”, señaló Arredondo al resaltar que el portafolio de empresas públicas españolas no está alineado con el Acuerdo de París, a pesar de la presencia gubernamental en sus Consejos de Administración, y a pesar de tener un peso relevante en las emisiones de España.
El invitado mencionó que solamente 7 de 25 empresas tienen planes de acción climática. Y alguno de ellos con bajo nivel de detalle. Sin embargo, afirmó que la descarbonización de estas empresas se traducirá en impactos positivos sobre sus ingresos y sobre la generación de empleos a largo plazo.
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