La renovación de la auditoría energética, nuevo propósito para 2020 de las empresas

La sostenibilidad se ha convertido en una de las prioridades a cumplir por los países miembros de la Unión Europea. De ahí que, en España, el 12 de febrero de 2016 se aprobara el Real Decreto 56/2016 para trasponer la Directiva 2012/27/UE, una medida que, según explicaba el Ministerio de Industria, estaba encaminada a “impulsar el ahorro y la eficiencia energética contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la Unión Europea”.

A pesar de tratarse de una normativa gubernamental, en su momento generó cierta preocupación en el sector por el escaso margen temporal para presentar las certificaciones y por las dudas legales sobre qué requisitos debían cumplir las firmas para pasar por decreto la auditoría, que se debe renovar con una periodicidad de cuatro años. Por lo tanto, 2020 es la primera fecha de renovación desde que se implantara por primera vez la medida.

2020 es la primera fecha de renovación desde que se implantara por primera vez la medida

Según este Real Decreto, aquellas compañías o grupos de sociedades que no sean PYME, de más de 250 empleados o con un volumen de facturación mayor de 50 millones y un balance general mayor de 43 millones de euros, están obligadas someterse a una auditoría energética y presentarlo a la administración correspondiente en un plazo de tres meses. El examen de verificación se realiza sobre la actividad empresarial, independientemente del número de emplazamientos en los que se desarrolle dicha actividad.

El objetivo de la auditoria es analizar al menos el 85% del consumo total de energía final de la actividad para poder reducirlo, así como estudiar dónde y cómo se consume la energía, y establecer un plan de mejora para conseguir un ahorro energético.

Las compañías tienen dos opciones para llevarla a cabo. Por un lado, implantar un sistema de gestión energética o ambiental, según la ISO 50001 o la ISO 14001, siempre que el sistema de gestión incluya una auditoría energética que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto. O contratar los servicios de una entidad independiente homologada, como es el caso de TÜV Rheinland, que ofrece una experiencia y profesionalidad probada con disminución de hasta un 30% de energía para la industria, el sector servicios e instituciones públicas.

Dentro de las auditorias de cumplimiento reglamentario, también ofrece servicios en instalaciones térmicas (RD 1027/2007), auditorías en alumbrado exterior (RD 1890/2008) y certificado de eficiencia energética en edificios (RD 235/2013).

Según Jessica España, responsable técnico de eficiencia energética en TÜV Rheinland, “apostamos por auditorías de calidad, recordando la necesidad de cumplir con el artículo 3 del Real Decreto, en el cual indica que las auditorías deben estar basadas en datos medibles, deben de ser proporcionadas a su alcance y los cálculos deben mostrar una imagen fiable del rendimiento energético que permitan identificar las oportunidades de mejora. Por lo tanto, realizar estas auditorías basándose únicamente en las facturas o indicadores no sería suficiente”.