Reformas energéticas, descarbonización y economía circular, las claves del sector

La necesidad de seguir avanzando en las reformas energéticas, así como de priorizar el desarrollo de políticas eficaces de descarbonización y de economía circular, son solo algunos de los factores que plantea el sector químico español para favorecer simultáneamente el crecimiento y la competitividad industrial. En definitiva, tal y como describe el informe ‘Perspectivas de la industria química española 2019-2020’ de Feique, son las claves del sector químico.

La industria química española prevé cifras positivas de crecimiento en producción, cifra de negocios y exportaciones al cierre del ejercicio 2019, pese a la desaceleración global iniciada en la segunda parte del año, si bien las expectativas para 2020 son más moderadas de acuerdo con la evolución de diferentes factores de riesgo y competitividad. Con todo, y según se desprende de las previsiones presentadas por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), existen unos factores de competitividad claves para el futuro del sector y que se describen a continuación.

Peajes del gas: reformas necesarias

Por lo que respecta al gas, la previsión de cierre medio en 2019 señala una caída del precio medio del Mibgas (mercado organizado del gas en la península ibérica) del 32% respecto a 2018, para situarse en 16,7 euros/MWh. Este hundimiento del precio, señala Feique, refleja la tendencia clara del mercado a largo plazo, tanto por la reducción prevista en el consumo de hidrocarburos como por el exceso de capacidad de producción de gas. Es importante destacar que la proliferación de GNL está desplazando la curva de precios hacia abajo, de modo que se está produciendo la convergencia del precio del gas entre los principales hubs de referencia internacional (ver figura ‘Precio –spot- en los principales mercados’).

Pese a la buena evolución del precio del gas (spot), es en los peajes (los costes anuales del sistema gasista superan en España los 3.000 millones de euros actualmente) donde a juicio de Feique se establecen los diferenciales competitivos con los principales países europeos, lo cual ha motivado la participación de la federación en los proyectos de circulares de la CNMC. Así, la industria española paga actualmente el doble que los franceses por los peajes del gas, el triple que los británicos y seis veces más que los alemanes (ver figura ‘Coste del peaje de transporte y distribución para cliente industrial tipo de 100 GWh/año’). La principal razón de este diferencial es la sobrerretribución que están percibiendo las empresas gasistas.

En este contexto, Feique apoya el ajuste razonable propuesto por la CNMC a partir de 2021, si bien manifiesta que es preciso mejorar la distribución de los peajes, tal y como expresa el presidente: “esta propuesta de ahorro en el volumen de los peajes; sin embargo, no se ha propuesto distribuir adecuadamente o con la equidad necesaria entre los diversos tipos de consumidores. Así, la metodología inicialmente elegida por el regulador (CNMC) para el cálculo de peajes presenta la paradoja de que las empresas de consumo medio pagarán incluso más por sus peajes a pesar de la reducción de su cuantía, ya que la mayoría del ahorro se ha trasladado al consumidor doméstico, obviándose la necesidad de mejorar la competitividad de la empresa industrial”, según el presidente de Feique, Carles Navarro.

En tal sentido, la federación ha presentado alegaciones ante el organismo regulador con objeto de mejorar el equilibrio de la propuesta y defender los objetivos de competitividad industrial.

Energía eléctrica: medidas pendientes

Los costes energéticos siguen constituyendo el mayor hándicap de la economía española para incrementar el desarrollo industrial, a pesar de que desde el inicio del año se han mostrado importantes correcciones en los precios.

En el caso de la electricidad, el precio del pool se situó en septiembre en 42 euros, registrando una caída de prácticamente el 41% respecto a septiembre de 2018. Esta reducción ha estado motivada por el menor consumo y, esencialmente, por el menor precio del gas. Y si bien este último factor observa una fuerte presión alcista en el último trimestre por el habitual incremento de la demanda invernal, a medio y largo plazo, incluso ya en 2020, podrían registrase precios menores a las medias históricas como consecuencia de la reducción del consumo de combustibles fósiles y la fortaleza de la oferta (ver figura ‘Precio medio mensual del mercado diario de la electricidad’).

Así pues, la estimación es que el año cerrará con un precio medio en torno a los 49-51 euros, lo que presumiblemente estrechará el diferencial competitivo con los precios mayoristas de Alemania y Francia, tal y como detallan las previsiones de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. A pesar de esta evolución, las estimaciones señalan que los precios de la electricidad en el mercado en España permanecerán a corto plazo en el entorno del 20-25% más elevados que en Francia y en Alemania.

“Para el gobierno debe ser una prioridad seguir trabajando en la reducción de este desequilibrio que limita y lastra la posibilidad de crecimiento industrial en España”, opina Navarro.

En este sentido, señala que es preciso acometer reformas profundas como las que se detallan a continuación:

• Aprobar el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, garantizando una partida presupuestaria suficiente para compensar tanto los costes indirectos de CO2 como los costes por las subvenciones de la renovables u otros asociados a la transición energética, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno.
• Establecer un sistema de avales públicos que promueva la contratación de PPAs bilaterales.
• Eliminar definitivamente el impuesto sobre la generación de energía (15/2012), ya que es absorbido por los consumidores e impacta directamente en la competitividad.
• Establecer un sistema de gestión de la demanda razonable, eficiente y predecible (interrumpibilidad).
• Regular las Redes de Distribución Cerrada de Electricidad, comprometidas por Real Decreto.

Con independencia de las medidas que pueda adoptar el gobierno en materia energética, es importante analizar la eficacia del mercado de derechos de emisión de CO2 (actualmente fluctúa en el entorno de los 25-27 euros), donde sigue creciendo la participación de los agentes financieros especulativos sin posiciones físicas reales para elevar artificialmente los precios del mercado, en perjuicio de la competitividad de la industria europea.

Transporte

En el ámbito del transporte, la federación recalca que el principal objetivo es concluir el Corredor Mediterráneo, un elemento vertebrador que permitirá acelerar el intercambio de flujos de mercancías de España con Europa y el Arco Mediterráneo, así como posicionarse como un importante hub logístico. A día de hoy, pese a la mejora del ritmo de licitación parece complicado cumplir el objetivo de que el corredor esté plenamente activo en 2025. En 2021 debería estar activo ya el tercer carril para unir Castellbisbal y Tarragona, actualmente en obras, y que será fundamental para el polo petroquímico de Tarragona, el mayor del Sur de Europa.

Descarbonización y economía circular: competitividad e innovación

La UE ha asumido dos vectores esenciales bajo los que desarrollará su futuro: la descarbonización y la economía circular. En ambos casos, Europa, y por supuesto España, deberán definir con claridad la hoja de ruta. En este sentido, el presidente de Feique destaca que deben constituirse unas premisas objetivas (que se describen en las siguientes líneas) a la hora de desarrollar el marco regulatorio (ver figura ‘Descarbonización y economía circular…Y competitividad’).

La transición energética efectiva vendrá fundamentalmente determinada por la innovación tecnológica, por lo que la futura normativa debe encaminarse a apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones, creando un marco de financiación y una regulación estable y predecible que favorezca dichas inversiones. En este contexto, la contribución de la química será fundamental para incrementar el desarrollo de las tecnologías de captura de CO2, almacenamiento energético, tecnologías para la generación de energías renovables, la tecnología del hidrógeno o la fotosíntesis artificial.

Favorecer un entorno tecnológicamente neutral: el concepto de neutralidad tecnológica debería prevalecer para evitar el freno a tecnologías que podrían ser más competitivas y eficaces si no se hubieran establecido mandatos concretos.

No deben establecerse límites sectoriales distintos a los ya comprometidos a nivel europeo para los sectores ya regulados por normativa específica. La futura norma debe configurarse como una ley de principios e integradora de los objetivos ya establecidos para los sectores afectados por el Sistema de Comercio de Emisiones.

Deben tener especial relevancia actuaciones relativas a la eficiencia energética de edificios e infraestructuras (un aislamiento térmico efectivo podría ahorrar el 80% de las emisiones por uso de calefacción/refrigeración).

La transición energética también debe tener entre sus objetivos prioritarios la reducción de los precios en los mercados del gas y la electricidad y, en este sentido, realizar un análisis exhaustivo del mix energético y la contribución simultánea de las diferentes tecnologías desde el punto de vista medioambiental, económico y social; es decir, desde la perspectiva de la sostenibilidad en su conjunto.

Evitar que el coste de los incentivos financieros públicos que faciliten la transición energética se incorpore a los costes del sistema eléctrico que asume la industria o que se generen figuras fiscales recaudatorias que detraigan los recursos para financiar la innovación.

Para el presidente de Feique, en todo caso, “resulta esencial que las instituciones comunitarias y nuestro gobierno, particularmente, defiendan una transición no disruptiva y justa que permita mejorar la competitividad de los sectores productivos y su mayor contribución en términos de riqueza y empleo”.

Las dificultades de la tasa de CO2 en frontera

En este sentido, en el contexto de la UE se está proponiendo el establecimiento de una tasa de CO2 en frontera (apoyada de forma muy contundente por España) como mecanismo para evitar la deslocalización de la industria y la generación de riqueza y empleo de calidad que lleva aparejada. El riesgo de deslocalización no solo comporta un daño en términos de economía y empleo, sino que además supone un mayor volumen de emisiones de CO2 y otros contaminantes.

“La realidad es que, como media, una industria europea es, medioambientalmente, un 80% más eficiente que su homóloga en terceros países. Cualquier cierre industrial en Europa supone un mayor volumen de contaminantes en el medio ambiente”, según las previsiones de Feique.
El presidente de la patronal química también ha advertido que, si bien la propuesta de tasa en frontera puede ser una alternativa, “el principal hándicap que se observa es la dificultad de que la medida pueda ser aprobada por la OMC y, aunque eventualmente se admitiera, sin duda generaría un nuevo elemento en la guerra comercial global y una respuesta de otros mercados para limitar el acceso a nuestros exportadores, ya fuera vía aranceles o mediante medidas no arancelarias”.

Con independencia de evaluar las posibilidades efectivas de la medida, el presidente de Feique estima que lo más conveniente sería incrementar los derechos de emisión de la industria europea sometida a la directiva de comercio de emisiones y al consiguiente riesgo de fuga de carbono.