Antifraude detalla a la Fiscalía el plan de facturas cruzadas de Acciona

La Oficina Antifraude de Cataluña ha puesto en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña un documento en el que detalla “cómo el grupo empresarial de la familia Entrecanales ideó un sistema de facturas cruzadas entre la concesionaria del servicio y sus filiales sin autorización del gobierno catalán, con un impacto real en las arcas y en el bolsillo de los catalanes”. El importe total del desvío suma 13,3 millones, según la información publicada por el diario digital Crónica Global.

Dicha institución de lucha contra la corrupción en el sector público justifica en el informe que existen suficientes indicios de que “Acciona incurrió en los delitos penales de falsedad mercantil y administración desleal para abrir una investigación judicial. Asimismo, pide que se plantee la resolución del contrato por incumplimiento muy grave como consecuencia de reincidencia en el cumplimiento de infracciones graves, por lo que se libera al erario público de pagar cualquier indemnización”, explica Crónica Global.

La actuación de la Oficina Antifraude catalana ha tenido lugar a partir de una denuncia del sindicato CGT en abril de 2015 sobre un presunto enriquecimiento injusto de 7,5 millones de euros desde el ejercicio 2013. La investigación del organismo casi ha duplicado esta cifra.

Ideado por los Entrecanales, el sistema parte de facturas por servicios subcontratados en los que la Oficina Antifraude ha detectado “irregularidades constatadas”. Acciona era propietaria del 25% del consorcio que se llevó la concesión de ATLL, que pagó 7,4 millones a Empresa Operadora ATLL y otros 5,9 a Acciona Agua entre los ejercicios 2013 y 2015. Ambas mercantiles pertenecen íntegramente a la compañía familiar cotizada.

Dicha investigación, entregada a la Fiscalía –y a la que ha tenido acceso Crónica Global-, especifica que la Generalitat de Catalunya no está suficientemente representada en el consejo de Administración del consorcio que gestiona ATLL. Las operaciones vinculadas entre empresas con el mismo capital no cuentan con autorización y se realizaron al margen de las condiciones de mercado; no hay indicio de que los servicios se hayan prestado de forma correcta y falta la justificación de “otros gastos”.

ATLL Concesionaria convocó 17 reuniones del consejo de Administración entre diciembre de 2012 y marzo de 2015. “Consta que en cinco de ellas se adoptaron acuerdos relativos a las operaciones y el mantenimiento de la concesión y el contrato con Empresa Operadora ATLL y que sólo en dos de ellas estuvo presente la Generalitat”, subraya el informe en manos de la Fiscalía.

Tampoco informó de los acuerdos a la Agencia Catalana del Agua (ACA), la empresa pública que debe autorizarlas según el pliego de condiciones por el cual se realizó la privatización. Su director, Jordi Agustí, declaró por escrito que las operaciones ejecutadas a lo largo de 2013 y 2014 por parte de Acciona “se efectuaron sin ningún tipo de conocimiento previo por parte del ACA” y que la empresa pública “no conoce con precisión el contenido material de las transacciones efectuadas entre la concesionaria y Empresa Operadora ATLL que se ponen de manifiesto en las cuentas anuales de ATLL en 2013 y, por lo tanto, si estas se han efectuado a precio de mercado”.

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